Universidad de Texas

Austin

Cátedra Nuevo Mundo

18 de febrero de 1997

Prof. Marta Luján (Argentina)

La democracia en América Latina

· Introducción

La casi totalidad de América Latina, con la excepción de Brasil, fue territorio misional en lo político y religioso del Reino de España (Castilla), entre 1492 y 1825, mediante una ocupación, pacífica cuando se pudo y violenta cuando fue necesario, de todos los espacios, edificios y objetos que encontraron o avistaron los súbditos a quienes se encomendó el proceso de imposición de la nueva cultura europea.

Los visitantes llegaron, en años y siglos distintos, a tierras de lo que hoy son veinte países, con su idioma, religión, costumbres y el espíritu municipalista castellano. Por supuesto, resaltaron los excesos de la violencia humana y el acoso a la cultura nativa.

España impulsó un proceso civilizatorio soportado en el sistema de cabildos y en la creación de curatos católicos, además de ejercer la autoridad mediante Virreinatos, Audiencias Reales, Intendencias y Comandos Militares.

La primera fase o etapa, no precisamente planificada con metas y objetivos, se cumplió en medio de la mayor informalidad, porque se trató más bien de una exploración, y se requirieron dos siglos para percibir la nueva cultura expresada en conglomerados estables y elementos identificadores de la hispanidad. Especialmente en catolicismo, la evangelización corrió con más suerte que la municipalización o siembra de la idea política del gobierno vecinal.

El siglo diecinueve irrumpió con la mayoría del territorio sin ser ocupado o sometido, con una cultura nativa desaparecida, con predominio del mestizaje y con pocas comunidades aborígenes o nativas.

Es la centuria de las luchas por una separación del Reino, por la conquista de la Independencia, cuyo desarrollo enfrenta a facciones en las que con frecuencia no estaban bien delimitadas las fronteras de la militancia. Los nativos comparten la defensa del sistema monárquico y a la vez se unen a los movimientos de emancipación. Iban y venían, de acuerdo a la recluta de quienes ocupaban sus lugares de residencia.

Se trataba de sociedades inmaduras, no articuladas ni vertebradas, en las que no había una propuesta alternativa al régimen español, distinta y bien pensada, y el Reino no acertaba en su proyecto de una verdadera y justa nueva sociedad.

El proyecto civilizatorio europeo se impuso, pero no fructificó, no triunfó. Y eso ocurrió porque se requería una trasplantación socio – humana (con poblamiento e inversión económica) y España no estaba en condiciones de hacer algo distinto a lo que hizo en más de tres siglos de coloniaje.

El fracaso de la nueva civilización como generadora de bienestar y avance humano dejó mucho descontento y abrió las puertas de la lucha violenta para obtener la separación del Reino.

La vida independiente constituyó una meta de españoles e hijos de españoles, porque ya no se podía hablar de nativos al haber sido aniquilados por la conquista violenta, en contra de españoles que detentaban el poder en nombre de un lejano monarca.

Todo el proceso hispano había comenzado con la sola voluntad de obtener bienes materiales, en medio de la aventura, y terminaba con la rebelión de las élites locales ya crecidas en vigor político y material, dejando secuelas que irán imponiendo estilos, conductas y modos de vida que permiten anclar las sociedades americanas en el atraso social.

Uno de estos exponentes es el militarismo – caudillismo, especie de escuela social itinerante que ha dejado aventajados alumnos en todos los países y que aún perturba la consolidación de los sistemas políticos.

El militarismo es un resabio de la lucha emancipadora. Representa la justificación del hombre fuerte al frente del poder y se ampara en la enseñanza de la historia escolar, en la que son los hombres a caballo los héroes, mientras la civilidad es sólo una excepción que se confunde con el uniformado.

Derivación del militarismo es el caudillo, hombre providencial que se llega a confundir con el militar, por su inclinación a ejercer el poder de las armas mediante ejércitos propios, y que disfruta de amplias parcelas geográficas donde ejerce dominio.

Militares y caudillos fueron los padres de la independencia americana. Por eso me resulta fácil sostener y argumentar que se trata (hoy) de una heredad del proceso libertario. Ahora, debe quedar claro que la presencia militar – caudillista en la arena política no ha sido un hecho aislado o circunstancial, sino que se trata de algo recurrente y en algunos países permanente.

· Vida política independiente

Los héroes de la independencia americana prolongaron su protagonismo más allá de los campos de batalla al sumergirse en la vida política, y como la heroicidad era un hecho social reconocido o admirado, aprovecharon su popularidad para intervenir hasta en la contienda presidencial. Bien temprano el civil quedó postergado en su aspiración política y muchos optaron por mantenerse en las Universidades y Escuelas, o vaciaron su vitalidad en las letras, dejando el oficio para quienes ya estaban acostumbrados al polvo de los caminos y al andar en constante diatriba.

En aquellas ciudades insipientes no era fácil borrar el relato de los vencedores en la guerra contra el reino español, circunstancia que convirtió la política en una verdadera lucha violenta, en la que quienes se enfrentaban lo hacían pretendiendo destruir al enemigo, aniquilarlo, como si se tratara de una pelea por la vida individual y no una competencia humana por el adelanto de la sociedad global.

Esa convicción es una pesada herencia cultural, de mucha influencia nociva hasta nuestros tiempos, porque aún ocurren campañas políticas con atentados, asesinatos y descalificaciones insólitas.

Todos los países de herencia española asumieron el presidencialismo y el federalismo centralizado, con escasos aires autonómicos en provincias, estados y regiones, lo que llevó a la anulación – que no desaparición – del municipalismo colonial.

Los niveles central y regional en las inconexas repúblicas del siglo XIX y bien entrado el XX dejaron el poder en manos de caudillos, que en casi todos los casos eran militares, con o sin escuela, y cuando se trataba de civiles, éstos asumían grados militares no legales y hasta usaban ropa e insignias militares.

Gobernadores, Presidentes de provincias, Regentes o Jefes Civiles, con pomposos grados militares, dejaban el municipalismo como el campo de acciones de ciudadanos notables que nunca intentaban disputar el verdadero poder, el de los caudillos y caudillitos dueños de tierras, ganados, armas y obreros trocados en soldados.

Esto mantuvo y consolidó un atraso cultural y político, de mala influencia hacia adelante y no dejó que el sistema partidista pudiese asumir los aires de la modernidad en el siglo veinte y el papel de escuelas masivas de política, civilidad y ciudadanía. Lo último era necesario para cambiar los criterios generalizados sobre la política, por supuesto equivocados, y generar corrientes de participación auténtica en los asuntos públicos o cívicos.

· Dictaduras militares

Herederos de la fama de los libertadores, nombre de todos los que sobrevivieron en los combates – esporádicos y nunca planeados o concertados – contra España, estos señores pasaron a ser las élites nacionales por voluntad propia, por tener la destreza bélica y conservar el uso de las armas, y en razón del atraso social, humano y cultural.

Vino luego el intento de organizar ejércitos institucionalizados y escuelas. Esto hacía que nuevos hombres aprendieran teoría de estado, gerencia de conflictos y, sobre todo, disciplina y orden, tan vitales en sociedades rurales desasistidas de estos aspectos.

Los países aceptaron esta preeminencia militar, en ausencia de proyectos de sociedades creados por los civiles, lo cual generó la idea de que los herederos de la gloria nacional no podían quedar sólo con la vida de los cuarteles, especialmente por previsibles nuevos conflictos o desórdenes.

Los gobiernos militares, impuestos por la violencia del Golpe de Estado o, simplemente, por el derroche, ineficiencia y desorden en el poder de civiles, fueron aceptados en todas las sociedades, donde tuvieron cabida, como un mal necesario.

Varios países, como Bolivia y Ecuador, mostraron sucesión de golpes militares, y sus liderazgos civiles han tenido que ejercer el poder en medio de amenazas veladas y abiertas, haciendo concesiones a quienes detentan el monopolio de la Fuerza o el uso de la violencia institucionalizada.

Todos los dictadores militares han gobernado soportando su gobierno en la defensa de la libertad, la soberanía y como “atención a un reclamo popular”, habiendo casos en los que se ha predicado la defensa de la legítima democracia, mediante una separación artificial de los poderes, constitución o carta fundamental aprobada en parlamento controlado o sumiso y, sobre todo, una gran publicidad de las acciones administrativas.

Los gobernantes de esta categoría o grupo han actuado de manera personalizada, es decir, haciendo que un individuo sea el centro del protagonismo, o mediante juntas. En este último caso, algunas veces se han alternado en la presidencia, dando paso a la representación de los sectores militares a los que pertenecen, como son los casos del ejército de tierra, aviación y fuerza naval.

La pureza en el manejo de los dineros públicos, asunto en el que los militares critican a los civiles, no ha sido uno de los elementos fuertes o sólidos de las dictaduras, pero han podido mantenerse ante la feliz circunstancia – para ellos – de que no funciona la autonomía de control parlamentario y de investigación de los órganos contralores, además del silencio de los medios de información pública.

De carácter crítico resulta el tema de los derechos humanos, al lado del Estado de Derecho. Ambos se reblandecen ante el mismo hecho de que el poder ha sido usurpado o mediatizado y ante la inexistencia de mecanismos institucionalizados de protección.

América Latina tiene una amplia historia de gobernantes militares que cubre la mayor parte de sus ciento ochenta años de vida independiente, con ejemplos muy recientes como el de Chile (1973 – 1989), Perú hoy con Alberto Fujimori patrocinado por sectores militares, y debo resaltar dos intentos de golpe a Venezuela en 1992, sin dejar de mencionar la siempre crítica situación de Bolivia y Ecuador, o las tragedias humanas de la violencia militar en Guatemala y El Salvador.

Las dictaduras han dejado un efecto nocivo en las sociedades, porque sus principios no son democráticos, pero su influencia en la ciudadanía hay que verla en otra perspectiva, en la de las características de las ciudadanías con posterioridad a la existencia de estos regímenes.

En primer lugar se observa que durante la dictadura las sociedades se sumergen en un letargo donde domina la baja participación y se anula el concepto partidista, con lo cual pierde dinamismo el sujeto político, se provoca desmotivación y se ahuyentan los mecanismos de agrupación política voluntaria, refugios de la autonomía activa.

Al concluir esta etapa de dominio hay un renacer de las libertades, una revitalización de la voluntad política, se renueva o refresca el liderazgo, se crean nuevos partidos y reaparecen los que estaban en la clandestinidad y se incrementa el interés por lo público.

La comunidad nacional se ocupa de reinstitucionalizar el sistema político y para ello se reafirma el papel garante de la misma Fuerza Armada que sometió a los ciudadanos mediante la dictadura, creándose – generalmente – un espacio temporal de perdón y olvido para la mayoría de los incursos en atropellos, con lo cual opera la impunidad y se deja dentro de los cuadros militares a personas que son factores de peligro institucional.

Lo curioso del caso es que luego del regreso al sistema democrático, dictadores han conservado fuerzas especiales, comparten espacios de poder, tutelan los gobiernos – con alguna discreción – y hasta han promovido candidaturas presidenciales o parlamentarias.

En conclusión, la clase militar sabe actuar para conservar su espacio social y sus privilegios, los aumenta y mejora durante la dictadura, retrocede en el protagonismo cuando lo cree prudente y ejerce una tutela institucional sobre el liderazgo civil – en nombre de un apego constitucional – cuando éste ejerce el gobierno.

Una de las expresiones de este tutelaje es el hecho de que en todos los países la Fuerza Armada hace un despliegue inusual durante las elecciones, como si no se tratase de un proceso de civiles y asumiendo que ante conflictos posibles, ellos pueden imponer el orden, restaurar la paz o hacer respetar la Constitución.

Otra de esas expresiones la constituye la Fiesta nacional de cada país. El hecho civil de la declaración de la independencia es obviado para hacer del principal acto anual nacional la expresión del poder bélico, mediante la exhibición de los materiales de guerra con clara ostentación del modernismo y de la capacidad de cada aparato para producir muerte y destrucción.

Y para que no haya una disminución del respeto al sector militar o decaiga la admiración, los programas de educación en historia local siguen hablando de las hazañas guerreras y en países como Venezuela hay una cátedra obligatoria de instrucción premilitar.

· La democracia

Treinta y dos países de América Latina y El Caribe están conducidos por gobiernos de origen democrático, en una clara demostración de avance hacia un sistema uniforme de vida en libertad, de prácticas políticas civilizadas y de respeto a las normas de la Carta de la Organización de Estados Americanos, donde se plantea la obligación de mantener un régimen libre y sin opresión a la ciudadanía.

La democracia latinoamericana está soportada en los partidos políticos, como elemento institucional que canaliza la participación que agrupa de manera voluntaria a los ciudadanos que comparten un mismo signo ideológico, que ejerce la intermediación ante el gobierno y que realiza campañas electorales periódicas para producir la alternabilidad en el poder y en la representación popular.

En algunos países hay reconocimiento constitucional y en otros legal, lo cual hace que se trate de órganos con base jurídica y personalidad dentro del Estado de Derecho.

El sistema democrático ha registrado avances, si lo observamos dentro de la globalidad continental, especialmente en cuanto a la desaparición de violencia decimonónica, a la apertura y amplitud partidista, a la modernización de los mecanismos electorales, a la difusión de numerosos medios de comunicación y al respeto a los resultados electorales.

Uno de los aportes valiosos de los últimos tiempos ha sido la inversión de recursos, en buena cantidad, por la Organización de Estados Americanos para lograr elecciones libres y transparentes, cuestión que se ha reflejado en mayor confianza de los actores políticos en numerosos países.

Las misiones de la O.E.A. producen orientaciones y recomendaciones a los órganos electorales de las naciones visitados, convocan reuniones de discusión, celebran diálogos y, sobre todo, generan credibilidad hacia el sistema comicial en los partidos políticos y candidatos.

Nuestra democracia latinoamericana posee todas las formalidades que se requieren para alcanzar como régimen esta denominación, pero, por supuesto, también ofrece fallas y carencias que le restan vigor para su consolidación, plena estabilidad y expansión.

Una de estas fallas es la eficiencia en el gasto del tesoro público para generar riqueza, promover el dinamismo de la economía y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, la mayoría de los cuales, hoy, vive en situación de pobreza.

La oferta electoral, elaborada por expertos en mercadeo político y no por los mismos candidatos previo conocimiento de los recursos, hace que las ciudadanías piensen en que el político conoce sus problemas y que, además, los solucionará, por lo que al ocurrir lo contrario se produce el desencanto, la abstención luego de la emoción por la política, la apatía y más adelante el silencio.

Y ante ese panorama de menos electorales motivados, los nuevos candidatos optan por duplicar las promesas, hacen despliegue publicitario costoso, apelan al mensaje subliminal con imágenes, luces y colores, llevando las campañas hacia lo banal, en lugar de convertirlas en Fiesta de la civilidad y la participación.

La democracia como sistema social no se decreta, sino que es Fruto de la convicción generalizada de los hombres y de las mujeres, y ante el desdibujamiento suscitado por las campañas pierde vigor y entusiasmo.

Quedamos, así, en una encrucijada. Los gobiernos deben ser más eficientes y deben reducir con vigencia los niveles de desigualdad humana, los partidos deben ser más responsables en la oferta electoral y los dirigentes están llamados a actuar con mayor sensatez.

Al lado de ellos, los medios de comunicación social – cada día más urgidos por la ganancia empresarial y no por el beneficio social – pueden jugar un papel útil para orientar a la ciudadanía, elevar sus niveles de conocimiento y crear un mayor valor en la conciencia popular de la actividad política.

Hoy en América Latina se ha impuesto la idea de que los medios son los grandes defensores del pueblo (entiéndase las mayorías impotentes) frente al poderío de los políticos, a quienes periodistas y dueños buscan destruir en nombre de a honestidad administrativa, de la moral y de los principios éticos, trayendo consigo condenatorias públicas que la mayoría de las veces no se corresponden con los posteriores dictámenes tribunalicios.

Se ha descubierto que detrás de cada denuncia o escándalo ha existido una motivación personal, empresarial, partidista o política, mientras el medio de comunicación busca conservar el interés del pueblo que dice defender ante el coloso Estado – Nación y ante la poderosa dirigencia política.

Tenemos así una democracia imperfecta, con vicios, padecimientos y errores, pero vivimos en momentos de cambio y transición hacia el nuevo siglo, y eso – en países donde las mayorías aparte de pobres también son jóvenes que acceden al estudio – es un siglo de esperanza de que podemos cambiar y revertir tendencias históricas.

· Cultura política

Centenares de millones de seres humanos no saben con exactitud lo que es democracia, con todos sus valores y características. Y no tendrían por qué saberlo, puesto que no habiendo – la mayoría – asistido a la escuela, no habiendo sido adoctrinados por los partidos o por los medios de comunicación social, y no habiendo presenciado campañas civiles, esa exigencia del saber social no cuenta para ellos.

La democracia es mucho más importante que lo que suponen los hombres y mujeres dedicados a la política y su dimensión histórica es tan grande que nunca se podría dejar solo para su implementación y desarrollo a los políticos.

En la escuela de primeras letras, después de la enseñanza hogareña de igualdad y libertad conquistadas por los héroes, el niño debe aprender democracia a través de sencillos programas que enseñen amistad, fraternidad, tolerancia, convivencia, diversidad cultural, respeto a las minorías, derechos humanos y civiles, justicia, rectitud, prudencia, solidaridad, participación, importancia de la norma y la ley, y otros.

Los medios de comunicación son un baluarte para promover valores, cohesión social y participación, porque conservan aún credibilidad y penetración, especialmente el medio televisión.

Enseñar democracia no es una prioridad para los gobiernos, pero si es una prioridad para los países, además de que numerosos tratados y acuerdos internacionales contemplan esa obligación o compromiso.

Una de las bases de sustento de la paz y convivencia pacífica es lograr que los ciudadanos conciban la democracia de manera coherente, integral y unitaria, dejando atrás la sencilla idea de que democracia es el gobierno o su existencia y la realización de elecciones.

En América Latina se cree en democracia por su asociación con libertad, pero se desconfía de los gobiernos por haberse asumido hace tiempo que constituyen el centro del quehacer nacional y el principal dispensador de un bienestar social que no termina de llegar.

Revertir esa creencia es una necesidad social. Y para ello no puede existir mejor campo que el de la escuela, mejor instrumento que los medios comunicacionales y mejor demostrador que el gobierno, concebido en su clásica división de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial.

La madurez democrática es un gran logro, alcanzable, y representa la meta más estimada de una sociedad que pretenda asumir el desarrollo como un proceso de corresponsabilidad, sin exclusión, derrotando el pesimismo de las masas desposeídas de bienes y desalentados por su propia ignorancia política, y que quiera anticiparse a conflictos jamás pensados.

· Baja calidad de la dirigencia

Un problema que no tiene solución fácil es la existencia de unos cuadros dirigenciales que en promedio exhiben baja calidad intelectual, en convicciones y en cuanto al desempeño de la gerencia partidista y del Estado, nación o país.

No es fácil la solución porque el accionar político es voluntario y no requiere previamente una formación, pero si esa formación existiera – como ocurre en varios países – la concurrencia también es voluntaria, además de que un dirigente formado o capacitado – por ese solo hecho – no tiene garantizado que podrá ocupar un cargo en su partido o dentro de los cuadros del gobierno. Por eso, la calle es la gran academia política.

Lo determinante es el liderazgo, es decir, la ascendencia, credibilidad y arrastre dentro de un segmento de electores, con lo cual se puede acudir a un proceso electoral interno o externo. Dentro del primero está la posibilidad de sumar fuerza para el segundo, y esto es básico para ser nominado a posiciones de gobierno desde las cuales se aspira fortalecer el liderazgo.

Los deficientes niveles de la dirigencia han incidido en que la democracia pierda brillo social, atractivo permanente y que aumente los números de la abstención al lado del descenso de la militancia partidista.

Al hacer mención de la baja calidad mencioné las convicciones. Se trata de lo siguiente. Muchos dirigentes no están completamente convencidos de los principios de la democracia. Es más no los practican en sus hogares ni en sus propios partidos. De allí que promuevan la presencia de élites en la vida partidista y en la administración pública, en la búsqueda de una perpetuación nociva, porque uno de los atractivos democráticos es la alternabilidad o relevo en todas las posiciones.

De la misma manera se impide el cambio generacional, no se producen las reformas y modificaciones que refrescan el sistema, y se suscitan vacíos que aumentan la deserción de los ciudadanos.

A pesar de esta situación, en todos los países hay procesos de votación y se cambian los gobiernos, resultando nuevos hombres y mujeres como los favoritos del electorado. Esto no quiere decir que exista una perfección del sistema. No. Operan los mecanismos, pero la dirigencia conserva sus deficiencias.

Buena parte de sus fallas se cubre con campañas electorales, internas y externas, caracterizadas por el color, los sonidos, las imágenes y mensajes de fina elaboración publicitaria, cuya creación no es fruto del talento partidista, sino de agencias especializadas.

La política como un servicio social, al cual todos estamos convocados pasa, entonces, a ser una arte de creación ajeno al hombre o mujer político y una técnica con ribetes académicos e intelectuales, cuyos autores pertenecen a empresas o consorcios mercantiles. Esta circunstancia sería útil en sociedades muy desarrolladas pero no tiene sentido en países donde aún tenemos elevadísimos niveles de pobreza, ignorancia y marginalidad, en los cuales la democracia no se consolidará solo porque se realicen periódicas elecciones.

Hay un elemento que podríamos asumirlo hoy como esperanzador. En casi todos los países funcionan escuelas universitarias de ciencias políticas, de las cuales está egresando un crecido número de jóvenes que buscan desempeñarse como asesores o consejeros, además de ser autores de obras y profesores.

La perspectiva para los próximos años es la de un mercado profesional saturado para los politólogos, aún cuando aparecen nuevos partidos, hay más electores y más empresas y entidades de gobierno quieren conocer análisis especializado.

Si las escuelas se abren, especialmente en cuanto a costos, para captar y promover dirigentes partidistas, o si éstos se motivan a estudiar, y muchos jóvenes universitarios se inclinan por la actividad política como campo de despliegue de su vocación de servicio, podríamos estar a las puertas de una auténtica renovación del liderazgo, de una elevación de los niveles del enclave dirigencial y en la posibilidad que la dirigencia política no sea fruto de la casualidad o de una necesidad material del individuo.

· Partidos Políticos

Los aspectos que hemos enumerado antes nos permiten una idea clara de la sociedad latinoamericana en la que se desenvuelven cerca de cien importantes partidos y unos quinientos pequeños.

Una primera revisión arroja debilidad social que se expresa en debilidad institucional del partido como agente de promoción y realización de la democracia, en circunstancias de mayor dificultad si tomamos en cuenta que el quehacer político no implica una remuneración económica ni supone la seguridad social (salud, alimentación y jubilación) para sus practicantes.

A los partidos se les enrostran los defectos de las sociedades donde actúan, se les acusa permanentemente de su poco arraigo, se les atribuye baja credibilidad, se habla de sus incoherencias ideológicas y – para no abundar más – se insiste en la inexistencia de prácticas democráticas en su seno.

Politólogos, analistas y periodistas han ayudado a develar los males de los partidos, y hasta han promovido la antipolítica, pero no han concebido acciones o proyectos para su revitalización y cambio, permitiendo que en buena parte el papel que les está reservado sea asumido por los medios de comunicación social.

Numerosas veces, luego de enumerar los defectos del partido como institución, autores de trabajos apenas admiten que se trata de un mal necesario en la sociedad.

No dicen que el partido es la expresión de la sociedad en la que actúan y que si esos partidos están enfermos o contaminados es porque esa sociedad, nación o país, también lo está.

Es forzoso expresar que debido a esta situación la democracia se ha conflictuado y el campo partidista no es un escenario fácil ni normal. Al contrario, su desempeño se hace en medio de las peores críticas, con la impotencia de su poco arraigo y sin el reconocimiento social que merecen si es que realmente se desea una sociedad democrática.

El bajo arraigo partidista, siendo una realidad, no podemos ocultarlo. De setecientos millones de habitantes de América Latina se ha estimado en cuarenta y nueve millones los ciudadanos afiliados a partidos, pero de estos se calcula en dos millones las personas que de una u otra forma actúan directamente para beneficiarlos, mediante cotizaciones o aportes de trabajo, bien como dirigentes y activistas o como asesores. Bajo apoyo real.

Ahora consideremos las sociedades donde actúan esos partidos. De los setecientos millones, sólo acuden a procesos electorales ciento treinta millones (18,6%).

Los partidos andan mal en una sociedad latinoamericana donde la adhesión electoral a la democracia es baja, además de crítica e inconforme. Es sensato pensar que en un escenario de tal crisis, la institución partidista difícilmente puede marchar bien.

· Gobierno y oposición

Los dos polos clásicos de la política se nos presentan como extremos irreconciliables que buscan la victoria con armas letales, uno para conservar el poder y otro para conquistarlo, sin medir consecuencias y sin analizar que el daño hecho al contrario pudiera afectar al propio sistema democrático.

Es natural, en nuestro medio, que se procuren crisis constantes, especialmente de gobierno para debilitar su apoyo popular y abrir espacio nuevo a los opositores, lo cual – se ha probado – crea desánimo en el ciudadano y es una causa cierta de las elevadas cifras de abstención electoral.

La recurrencia de cambios en el mando ha enseñado que los pueblos están votando contra lo que consideran malos gobernantes para suplantarlos por quienes se han hecho conocer como buenos opositores, en la perspectiva de que muestren en el poder que no incurrirán en los errores que criticaron.

Las campañas electorales tienen como elemento central la negación de bondades dentro del gobierno por parte de la oposición y el despliegue abusivo de recursos oficiales por parte de los mandatarios.

Ambas son aberraciones que no ayudan a elevar la cultura política de los ciudadanos. Los pueblos deben votar por la certeza o convicción de que un partido, grupo o equipo interpreta mejor sus sentimientos como sociedad, posee personas calificadas y su oferta es superior, y no sólo para castigar con su voto lo malo que pueda haber observado en los gobernantes.

Convicción debe prevalecer sobre disgusto.

· Relaciones Partido – Gobierno

Las buenas relaciones entre un gobierno, o más bien entre la rama ejecutiva del poder público y el partido político que la sustenta – y que como un colectivo ganó las elecciones que dieron lugar al mandato – se presenta como uno de los anhelos para la estabilidad político – social y la gobernabilidad, sin que hoy podamos afirmar que es un logro.

Con mucha facilidad ocurren hechos que conducen a la falta de armonía en esa relación, especialmente por el hecho de que en los partidos hay tendencias o sectores que disputan la supremacía del poder interno.

Cuando un sector conquista la candidatura presidencial, el trofeo más codiciado, otros actúan como opositores y debido a que el liderazgo vencedor accede a los cargos relevantes en los poderes ejecutivo y legislativo, suele ocurrir que los rivales se esmeran en obtener los cargos partidistas y desde allí se ocupan de actuar en disonancia con los compañeros que desempeñan la función administrativa.

También los cargos y curules parlamentarios permiten desplegar acciones y asumir posiciones que van en contra del gobierno. Ya la historia regional nos ofrece muchos casos en los cuales los propios partidarios de un Presidente han resultado sus más enconados rivales. Dominio de pasiones sobre principios. Ausencia de convicción real en el dirigente. Baja calidad política y humana.

No siendo un asunto reglado ni empujado por la ética política, las relaciones partido – gobierno han quedado sometidas al vaivén de los intereses ocultos de los dirigentes y a las conveniencias grupales, lo cual tiene su razón de ser en la debilidad institucional del partido y en la incoherencia de pensamiento y acción de dirigentes y militantes.

El accionar humano, revestido muchas veces de imperfecciones y desatinos, no siempre permite dejar saber que existe un potencial partidista capaz de impulsar la consolidación y modernización del sistema democrático, a partir de instituciones partidarias unidas y cohesionadas.

Queda claro que si hay partidos desajustados interiormente no será fácil que puedan ayudar a sus compañeros en la función de gobierno, porque al no ser expresión de unidad, fraternidad y cohesión jamás podrán asumir como propias las actuaciones públicas de otros.

Este tema pareciera ser fácil de resolver, pero no lo es. Sencillo si partimos de que un partido (también movimiento o grupo) es una colectividad pública con un sustento ideológico, doctrinario y de programa que asumen todos sus miembros al momento de incorporarse.

De hecho, la dirigencia y militancia – por una vieja tradición venida de la etapa colonial – jura cumplir y hacer cumplir ese soporte teórico. Difícil porque en cada persona subyace una aspiración personal distinta, una inquietud existencial, una deficiencia en cuanto a cultura política y una idea muy individual de cómo actuar en la búsqueda de su bienestar y en la obtención de los cargos o posiciones políticas.

A la par de ello, el presidencialismo en América es una realidad de tanta fuerza y expresión que llega a ser más que aspiración colectiva una ambición personal, con sus normales defectos del personalismo y centralismo, dejando poco espacio para el compartir con quienes integran la cadena partidista, lo que genera disgusto e indisposición.

No han sido pocos los mandatarios latinoamericanos que una vez concluidos sus periodos terminan alejados de sus partidos, y sus otrora fuertes liderazgos concluyen, como sus vidas, en medio de la soledad, el olvido y hasta la persecución de quienes fueron sus votantes y amigos en una alegre campaña electoral.

También hay casos en los que mandatarios conservaron un gran respeto de sus adherentes, de sus connacionales y numerosas instituciones registran sus nombres como epónimos, guardando para la historia buenos testimonios.

Los presidentes, en virtud del presidencialismo que muchas veces se torna en providencialismo, ocupan etapas de cuatro, cinco y más años, es decir, períodos históricos, en algunos casos periodos clave o determinantes.

Lo sensato, como aspiración democrática y altamente civilizada, es que partidos y sociedad ayudaran siempre al buen gobernar, para hacer que toda etapa histórica sea provechosa y útil, y no un tiempo que se desea olvidar.

· Corrupción administrativa

El mal manejo de los dineros del colectivo nacional, con sus muchas, variadas y hasta ingeniosas modalidades, ha desdibujado y vaciado de apoyo el sistema político democrático, creando la sensación, nefasta por lo demás, de que no hay políticos honrados y de que la política es una actividad sucia. Tan sencillo que la última expresión se escucha en todos los países.

Es de tan mal crédito la actividad que en cualquier ambiente, para sostener que un proceder, decisión, sentencia o acuerdo es malo, se lo califica de político.

“Ese dictamen es político”, se puede decir para descalificar el final de un juicio en tribunales, aunque se trate de un pleito de comerciantes o vecinos.

Las sociedades latinoamericanas han percibido que la conquista del gobierno es un premio consistente en un botín de guerra, ante el cual se actúa sin limitación alguna y de manera rápida.

Y de allí el germen de la corrupción, el morbo y la desdicha social, porque con los años se ha montado una estructura que prohija este mal que ya resulta difícil de vencer.

Los años recientes han evidenciado un auge modernista en las campañas electorales, con enorme gasto publicitario, con asesores que estimulan el mensaje engañoso y con partidos que lucen impotentes ante el poder del candidato.

Las campañas han pasado a ser una inversión político – empresarial que nadie está dispuesto a perder, porque luego de los comicios se recupera, aún si los resultados no son buenos para quien haya sido objeto del patrocinio.

Por ello las dos líneas identificatorias de la corrupción están en el vaciamiento ético – moral y en el elevado costo de las campañas electorales, de todo tipo, en las que ahora también aparecen contribuciones de los poderes irregulares. Estos son el narcotráfico, la guerrilla, el paramilitarismo, el tráfico ilegal de armas y el contrabando.

· La pobreza

Pensé hablar de la pobreza luego de referirme a la cultura política, pero la dejé para el final porque tiene mucho que ver con el sentido y justificación de la democracia.

Siendo objetivos, debemos reconocer que al tener democracia en América Latina ya teníamos pobres. Quiero dejar sentado, por tanto, que la pobreza no es una moderna contribución de los sistemas políticos democráticos.

Hemos tenido momentos en los que las democracias han logrado unas cifras sociales espectaculares, reduciendo el número de familias pobres, los excluidos, los marginados. Ha mejorado la educación, la asistencia social, se ha elevado la natalidad, es decir, se ha mejorado la calidad de vida.

No obstante, hoy el panorama es desalentador. Los pobres son la gran mayoría en todo el continente latinoamericano, a pesar de que algunos países exhiben cifras de crecimiento anual. Colombia es una caso especial. Las cifras son buenas en cuanto a la macroeconomía, a pesar de la violencia, pero con cada amanecer hay más excluidos y más miserables.

México, El Salvador, Nicaragua, Ecuador y Perú ofrecen cifras espeluznantes en lo social, al mismo tiempo que las tasas de crecimiento poblacional no se pueden detener.

Esta población, en general, no participa de las bondades del sistema democrático, tanto de los bienes materiales como de los derechos electorales, pero sigue siendo el objetivo de políticos dispuestos al engaño, a la manipulación, al populismo y la demagogia.

Los pobres son un sector tan importante en número que su situación resulta un severo cuestionamiento a la vigencia misma de la democracia, porque el sistema no es una lección teórica de ciencia política sino que se trata de un modelo de conducción social, de gerencia política, destinado a generar felicidad.

Democracia con pobreza no es viable, carece de sentido y nos pone en la perspectiva de su misma disolución, porque siendo ellos la mayoría, el sistema se está apoyando en minorías con alguna posibilidad de subsistencia y eso no es lo justo, ético y moral.

Ante este panorama social se revalida la importancia de superar como países la herencia colonial en cuanto tenga de nocivo, elevar la cultura política, mejorar la calidad del político, ofrecer opciones para la reimplantación de los partidos, buscar más espacios de encuentro entre gobernantes y opositores y eliminar la corrupción administrativa.

Y esto debemos hacerlo en el ahora, porque aún las masas pobres no se han sumado – opción posible – a proyectos que amenacen la gobernabilidad, la estabilidad y la paz.

· Conclusión

América Latina requiere una auténtica y genuina democracia desprovista de disfraces y truculencias, para afirmar sobre gobernabilidad y estabilidad programas multianuales de crecimiento económico y mejoramiento de la calidad de vida, no sólo para algunos sectores como ahora sino para todos los hombres y mujeres.

Sólo una democracia duradera podrá crear la integración subregional de pueblos y no sólo de empresarios, sólo con democracias permanentes asistidas de apoyo podemos andar en la globalización y podemos entendernos como región con nuestros ascendientes europeos y con nuestros vecinos de Norteamérica.

Compartimos los valores universales de los derechos humanos, el desarrollo sustentable y el multilateralismo creemos en la cohesión social, sustentada en la justicia social, como base de la paz duradera, consideramos que la gobernabilidad tiene mucho que ver con la equidad, aspiramos a que cada día haya más ciudadanos disfrutando de mejores servicios públicos, de seguridad social, de acceso a la justicia.

El camino hay que transitarlo y en el está como uno de sus puntos fundamentales el éxito que tengamos en la educación, en la formación de personas con hábitos democráticos para que ellos sean luego gente con virtudes democráticas. De esa manera podremos revertir la visión equivocada de que la democracia es sólo un sistema de gobierno y podamos interiorizar que se trata de un modo de vida.

Una sociedad con ese modo de vida estará conformada por hombres y mujeres críticos, pero responsables, integrales y solidarios, convencidos de que es una buena inversión social poseer sentido ético de la vida, tener lealtad a la comunidad y preservar la fidelidad a los principios.

Fin/ngz